Ecuador - Ecuador enfrenta nuevas condiciones de Europa para la exportación pesquera

viernes 4 de abril de 2025

Ecuador - Ecuador enfrenta nuevas condiciones de Europa para la exportación pesquera

3 de abril de 2025
El Diario, Manta
https://www.eldiario.ec/ecuador-enfrenta-nuevas-condiciones-de-europa-para-la-exportacion-pesquera-20250403/

Ecuador se mantiene bajo la advertencia de la Unión Europea por la pesca que captura, generando incertidumbre en el sector exportador. Ahora debe cumplir con cuatro condiciones nuevas.

Ecuador continúa bajo la advertencia de «tarjeta amarilla» emitida por la Unión Europea (UE) para sus exportaciones pesqueras.

Esta situación, que se extiende por casi seis años y sin una fecha definida para su conclusión, genera inquietud en el sector. La advertencia, emitida el 30 de octubre de 2019, se originó debido a que la UE detectó deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Esta medida forma parte del sistema europeo destinado a asegurar que los productos pesqueros importados provengan de actividades legales.

La «tarjeta amarilla» no prohíbe las exportaciones ecuatorianas a la UE, pero exige al país la implementación de reformas para evitar la «tarjeta roja», que implicaría sanciones comerciales severas, como la prohibición total de ingreso al mercado europeo.

Desde la emisión de la advertencia, funcionarios europeos han realizado múltiples reuniones y visitas a Ecuador. Sin embargo, aunque el año pasado se mencionó la posibilidad de levantar la sanción, esta aún no se ha concretado.

Problemas identificados por la UE
Al imponer la advertencia, la UE identificó problemas clave en Ecuador:

Un marco legal obsoleto: la Ley de Pesca de 1974 no cumplía con los estándares internacionales.
Controles insuficientes en la trazabilidad de los productos pesqueros, especialmente el atún, un recurso esencial.
Sanciones poco disuasorias.
La trazabilidad, un sistema que permite rastrear el recorrido de un producto desde su captura hasta el consumidor final, es fundamental para garantizar la legalidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Esfuerzos y nuevos desafíos
Ecuador, segundo productor mundial de atún, exporta el 61% de su producción a la UE. En respuesta a la advertencia, el país ha implementado diversas medidas:

En 2020, se aprobó una nueva Ley de Pesca.
Se implementaron sistemas automatizados de trazabilidad.
Se fortalecieron los controles portuarios y de procesamiento.
En 2023, el entonces ministro de Producción, Julio José Prado, afirmó que Ecuador estaba «en la recta final» para superar la «tarjeta amarilla», tras cumplir la mayoría de los 29 puntos exigidos por la UE. No obstante, a la fecha, la advertencia persiste.

Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), informó que se coordinan esfuerzos en mesas técnicas con la autoridad pesquera nacional para lograr el levantamiento de la «tarjeta amarilla».

Las acciones siguen el cronograma de la planificación estratégica del país, donde la sostenibilidad operativa del Sistema Integrado de Acuicultura y Pesca (SIAP) es un factor clave.

“Estamos a la espera de la evaluación formal de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG-MARE), tras el informe técnico presentado por el Viceministerio de Pesca en diciembre de 2024”, señaló.

Las cuatro nuevas condiciones

En diciembre del año pasado, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, informó que las autoridades europeas señalaron cuatro condiciones que el país debía cumplir para salir de ese estatus de advertencia.

La UE impuso cuatro nuevas condiciones, que incluyen auditorías internacionales a la flota atunera, control de las plantas de procesamiento, auditoría de la estiba, que es una evaluación de la carga, almacenamiento y manejo de productos a bordo de una embarcación.

Además de la demostración de evidencias de sanciones a quienes incumplan las normativas impuestas por la UE, lo que, según el sector pesquero, podría retrasar el proceso hasta tres años más.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), ha expresado su preocupación por el posible retraso en el levantamiento de la advertencia, que puede tardar hasta tres años.