Fuente: El Mostrador, Santiago de Chile
Chile - Acusan a la pesca industrial de oponerse a los intereses de Chile en crucial cita internacional
viernes 28 de marzo de 2025

Chile - Acusan a la pesca industrial de oponerse a los intereses de Chile en crucial cita internacional
27 marzo, 2025
El Mostrador, Santiago de Chile
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2025/03/27/acusan-a-la-pesca-industrial-de-oponerse-a-los-intereses-de-chile-en-crucial-cita-internacional/
Por : Héctor Cossio López
En medio de la discusión del proyecto de fraccionamiento –cuya lenta tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado motivó violentas protestas de la pesca artesanal–, reflotó un desconocido episodio en la OROP-PS, donde el sector industrial se habría opuesto al crecimiento de actividad pesquera.
En las últimas horas, diversas agrupaciones ligadas a la pesca artesanal han protagonizado violentos incidentes en protesta por una lenta tramitación del proyecto de ley de fraccionamiento (de los recursos pesqueros) en la Comisión de Hacienda del Senado. Al menos tres vehículos policiales resultaron completamente quemados, seis carabineros heridos, doce personas fueron detenidas, además de múltiples cortes de ruta con barricadas.
Las manifestaciones, que se han desarrollado en tres regiones del país, apuntan al retraso –para algunos la negativa– del presidente de la comisión, Felipe Kast (Evópoli), de avanzar en la votación del proyecto de ley que busca distribuir de manera equitativa los recursos entre la pesca artesanal y la industrial, el que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados en octubre del año pasado y también en la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, por cuatro votos contra uno, en enero de este año.
La iniciativa, en concreto, redistribuye las cuotas de captura de las principales pesquerías del país, que en desmedro de la pesca artesanal fueron entregadas el 2013 casi en su totalidad –y de algún modo a perpetuidad– a la pesca industrial, representada por las Siete Familias (que en realidad son seis conglomerados empresariales de origen familiar), tras la puesta en marcha de la llamada Ley Longueira, convertida en símbolo de la corrupción por los pagos bajo cuerda que hiciera Corpesca a parlamentarios de la época.
De manera paralela a la tramitación de este proyecto de ley, en febrero de este año tuvo lugar un desconocido episodio de lobby por parte de dirigentes de la pesca industrial chilena que se pusieron en contra de los intereses de Chile, durante la 13ª Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico (OROP-PS), entidad internacional dedicada a la gestión y conservación de los recursos pesqueros en el Pacífico Sur. La reunión se realizó en Santiago y contó con la participación de delegaciones de 17 países miembros.
Diversos testimonios de testigos presenciales de la cita apuntan a que dirigentes de Sonapesca no solo se opusieron a la propuesta de la delegación chilena –encabezada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas y el embajador Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de Minrel, junto a representantes de los trabajadores de la pesca artesanal e industrial–, sino que también habrían hecho gestiones con otros países para que la propuesta no alcanzara la meta o fracasara derechamente. Felipe Sandoval, presidente se Sonapesca, lo niega.
Jurel en tarro chico
La propuesta chilena buscaba en concreto que la OROP-PS permitiera a Chile aumentar en un 44% la cuota de captura del jurel –la principal pesquería del país– con el respaldo del último informe elaborado durante la duodécima reunión del Comité Científico de la OROP-PS, celebrado en Lima en septiembre de 2024, y que garantizaban que la biomasa del jurel se había recuperado notablemente, después de haber estado en peligro biológico desde fines de los 90 hasta la primera década del 2000, debido a la sobreexplotación del recurso.
Fuentes del sector pesquero sostienen que, de haber prosperado la propuesta inicial chilena, esta habría tenido un impacto profundo en la economía del país, ya que significaba un aumento sustantivo en el PIB pesquero y en el PIB Nacional.
Pascual Aguilera, presidente de la Federación de Pescadores Elqui y uno de los asistentes a la cita, recuerda que le pareció incomprensible que durante una de las reuniones de evaluación que se realizaban después de las instancias de negociación oficiales, Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca, transparentara que los industriales no estaban de acuerdo con el aumento en un 44% de la cuota propuesta por la delegación chilena, y que estos preferían mantenerse en el 15% de incremento habitual.
“No podía creerlo, no era posible que los empresarios estuvieran en contra del crecimiento, cuando ese siempre ha sido su discurso. Yo lo increpé públicamente, habían más de 40 personas como testigos”, señala. “Para mí una postura como esa era ponerse en contra de Chile”, agrega.
Consultado por El Mostrador, Felipe Sandoval lo niega categóricamente. “Sonapesca no se opuso al aumento de la cuota. El Estado chileno en esta instancia internacional es representado por el Gobierno, por lo que nuestra postura fue siempre apoyar a la delegación chilena, así como la gobernanza de la OROP y lo que resuelven los comités científicos”.
Enzo Checura, presidente del Sindicato de Tripulantes Cerqueros de Caldera, también recuerda el episodio. “Dentro de los 140 mil pescadores que hay en Chile, yo tuve el orgullo de ser uno de los representantes en la delegación chilena ante la OROP-PS. Fuimos todos testigos de cómo Felipe Sandoval se oponía a que se subiera la cuota del 15%”.
Checura recuerda que las sesiones fueron tensas y que la delegación chilena, mientras fueron pasando los días, tuvo que ir bajando el porcentaje inicial desde 40 al 35, al 3o y al 25 por ciento. “Me tocó conversar con las delegaciones de Panamá, Perú, Islas Cook y todos sabían que los empresarios industriales no apoyaban el crecimiento que esperaba Chile. Les provocó incomodidad que la delegación chilena no estuviera unida”, asevera.
Sandoval, por su aparte, asegura que no realizó ninguna gestión en el marco de la OROP-PS y que “la pesca industrial siempre quiso más cuota, porque implica más empleos y más desarrollo de las economías regionales, pero eso debe hacerse con equilibrio y salvaguardar la sustentabilidad de largo plazo. Por ello, siempre manifestamos nuestro apoyo a las medidas propuestas por el comité científico y la gobernanza establecida”.
Luis Muñoz, dirigente de la FESIP, que agrupa a los trabajadores de la pesca industrial, afirma que ellos nunca se opusieron a un aumento de la cuota de pesca del jurel y que así se lo hicieron saber al subsecretario Julio Salas. “Nosotros respaldamos la postura del Gobierno”. Robinson Cárcamo, otro dirigente de la misma federación, remarca que “nosotros somos autónomos. No representamos a la industria sino a los trabajadores. Tampoco entendimos por qué los industriales se oponían. Supongo que tendrán sus razones”.
La relevancia del jurel y la concentración del mercado
Aunque no se logró que se incrementara la cuota en 44%, sí se consiguió el 25%, lo que fue celebrado por la delegación chilena, ya que implicó pasar de un Total Anual de Captura (TAC) en 2024 de 819.000 toneladas a 1.024.000 toneladas en 2025 –un aumento concreto de 204.930 toneladas–, lo que también se traduce en una importante alza, equivalente a más de 63 millones de dólares, a precio playa.
Respecto a las razones de por qué la industria no apoyó con fuerza la propuesta chilena, otras fuentes consultadas del sector pesquero apuntan a que estas responderían a dos estrategias.
La primera, que es de corto plazo, habría buscado a través de esta vía hacer fracasar el proyecto de fraccionamiento que en estos días se discute en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Por qué? Porque el principal argumento que ha levantado la industria en cada una de las comisiones para oponerse al fraccionamiento es que, al distribuir la cuota que históricamente le ha correspondido a la pesca industrial, se perderían importantes ingresos, lo que terminaría impactando en el empleo.
Al aumentar la cuota del jurel en la OROP –apuntan distintos observadores–, lo que se distribuye es el nuevo recurso, no el que les ha correspondido a los industriales, por lo que el argumento de la pérdida de empleos desaparece.
Cabe recordar que la Ley Longueira vigente en la actualidad establece que la cuota para la pesca industrial es del 90% y el 10% para la pesca artesanal. Y lo que propone el proyecto –que está parado en la Comisión de Hacienda del Senado– es corregir ese guarismo dividiendo los porcentajes en tres zonas: Valparaíso a Los Ríos: 25% artesanal y 75% industrial; Los Lagos: 15% artesanal y 85% industrial; y las regiones de Atacama y Coquimbo, que quedarían con 25% artesanal y 75% industrial.
El debate sobre este recurso está en el centro de toda la problemática. Esto, porque dentro de los recursos pesqueros que se busca redistribuir con el proyecto presentado por el Gobierno la pesquería del jurel es por lejos la más relevante. Primero, porque se trata de la principal pesquería de Chile, representando el 60% del ingreso total de las pesqueras del país. Segundo, porque en Chile se extrae el 66% de la cuota mundial. Y tercero, porque habiendo estado el jurel en peligro biológico por más de dos décadas debido a la sobreexplotación del recurso, recuperó notablemente su biomasa y la cantidad de recurso a repartir lo hace muy apetecible para que ingresen nuevos actores.
En esta última circunstancia –según las fuentes consultadas– estaría la gran preocupación de largo plazo, ya que al aumentar considerablemente la cuota de pesca aumentaría la competencia y, por tanto, perderían la concentración del mercado.
Esto, desde luego, es refutado por los industriales. “Apoyamos un crecimiento del recurso sustentable en el largo plazo, como es el aumento del 25%, por sobre cualquier mirada cortoplacista que pudiera significar sobreexplotación, ya que así es como se ha permitido que la cuota chilena de jurel haya crecido de 300 mil a 1 millón de toneladas en 12 años”, acotó para finalizar Felipe Sandoval.