Peru - Restan atribuciones a Ositran para fijar las tarifas portuarias

jueves 27 de junio de 2002

La ley de puertos que ha elaborado una comisión multisectorial promete
largas jornadas de debate en el futuro. Uno de los cambios principales es
que las tarifas portuarias no solo serán propuestas por el concesionario,
sino que también podrán ser sugeridas por la autoridad portuaria. Sin
embargo, será el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositrán) el que tomará la decisión final y fijará
las tarifas definitivas.

El presidente del Ositrán, Alejandro Chang, dijo al respecto que esto
implicará deficiencia, porque serán dos entidades o instancias las que darán
sus opiniones. El problema se va a presentar cuando haya
discrepancias,porque serán dos autoridades las que darán sus opiniones sobre
el tema, señaló.

El proyecto de ley de puertos, que ha sido elaborado por una comisión
formada por cuatro representantes del Ejecutivo, cuatro del sector
empresarial y uno del gremio de trabajadores del puerto del Callao, todavía
no ha sido entregado al Congreso y es posible que se debata en la próxima
legislatura.

De otro lado, el presidente de Ositrán anunció que las modificaciones al
contrato de concesión de Lima Airport Partners (LAP) por el aeropuerto Jorge
Chávez está en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues
Ositrán presentó su informe técnico en la primera quincena de mayo.

Sobre el contrato, explicó que Ositrán se había mostrado en desacuerdo con
una sugerencia de LAP que planteaba modificar el contrato de concesión cada
vez que el Gobierno cambiara una ley que afectara sus ingresos o que
aumentara sus costos en 15%. El plazo planteado por LAP para hacer esta
modificación era de dos años.

No hubo elementos de juicio para sustentar esto, dijo.

Descartó que el Gobierno pudiera servir de aval para que LAP consiguiera
financiamiento y aseguró que la empresa ya ha conseguido US$100 millones de
las entidades financieras OPIC y KFW, lo cual le permitirá cumplir con el
plan de inversión que se requiere para los próximos 42 meses.

Aunque este punto en particular fue rechazado, Ositrán estuvo de acuerdo en
reducir la retribución que recibe el Estado por los servicios públicos, con
el fin de no perjudicar a los pequeños concesionarios (farmacias,
restaurantes, etc.) que trabajan en el aeropuerto.

Igualmente, la entidad supervisora aprobó temas planteados por LAP, como
evitar que el Estado compita con el aeropuerto en servicios comerciales y
dar más plazo para que entregue la póliza de gestión, entre otros.

Consultado Chang sobre la expropiación de las 700 hectáreas de terrenos de
los fundos San Agustín y Bocanegra colindantes al aeropuerto, sostuvo que
ese es un procedimiento que está a cargo del Estado. Sin embargo, explicó
que hay tiempo hasta agosto del 2005 para cumplir con el proceso de
expropiación, porque en esa fecha deberá completarse la primera fase de las
inversiones comprometidas, pues recién en el 2008 deberá construirse la
segunda pista de aterrizaje.