Peru - Nuevo proyecto de Ley de Puertos saldra del consenso

CCL coordinará con representantes privados

lunes 4 de febrero de 2002

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), por encargo del ministro de
Transportes, Luis Chang Reyes, coordinará con los operadores la designación
de los representantes del sector privado que integrarán la Comisión Especial
que tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de la nueva Ley de
Puertos.
De este modo, la CCL se convierte en el facilitador para la elaboración del
proyecto que propondrá el Ejecutivo al Congreso de la República, señaló la
institución a través de un comunicado.
Como se sabe, la nueva Ley de Puertos deberá ser aprobada en un plazo que
vence el próximo 30 de abril.
El Ejecutivo destaca la necesidad del consenso entre el sector público, los
operadores privados y los trabajadores, para lograr una ley portuaria
integral, coherente y sobre todo eficaz y eficiente, que como parte de una
política de Estado de desarrollo portuario, dinamice el comercio exterior
haciéndolo competitivo en los mercados internacionales, manifestó la Cámara.
La CCL, que organizó el Foro "Ley de Puertos & Desarrollo Nacional",
reconoce el espíritu dialogante del titular de Transportes que permitirá la
participación de todos los agentes involucrados en el intercambio, en el
diseño de la nueva ley portuaria.
Tal como coincidieron en el Foro, tanto los expertos internacionales como
los operadores privados, tras conocer los lineamientos de la política de
transportes del gobierno expuestos por los asesores del Ministerio de
Transportes, se requiere en ésta y en otras leyes fundamentales de la
economía del consenso de todos los agentes a fin de respaldar la iniciativa
y sobre todo de facilitar su aplicación, una vez aprobada por el Congreso de
la República.
La CCL expresó la necesidad de que este espíritu dialogante y consensual,
con la participación de los directamente involucrados en las decisiones que
el gobierno adopte, debe constituirse en una política permanente del
Ejecutivo y del Legislativo, a fin de evitar leyes que, lejos de promover el
empleo, propician la inestabilidad ahuyentando las inversiones.