Peru - Juez resolvera futuro de pesca hallada en nave ecuatoriana

lunes 21 de abril de 2003

Publicado 19 de abril de 2003

CAMBIO DE RUMBO. La Dirección Regional de Pesquería mostró su extrañeza por el cambio del informe de las autoridades de la Capitanía Puerto de Paita, pero autoridad naval defiende su posición.

Piura. Se ha tornado incierto el futuro de las 700 toneladas de atún y barrilete que hace un mes fueron halladas en la bodega de la embarcación ecuatoriana Lizi, la cual fue intervenida a 90 millas de las costas de Paita, por no contar con permiso de ingreso en aguas peruanas.

Lo que en un momento se anunció como decomiso y futura subasta pública del producto (el ministro de la Producción, Eduardo Iriarte, lo dijo en Piura) se transformó luego en una inmovilización de las especies marinas, después de que el juez especializado en lo civil de Paita, Alfredo Carrión Nole, suspendió la anunciada subasta al dictar una medida cautelar sobre el producto y acoger el pedido de los dueños de la nave ecuatoriana.

Lo que cuestiona la Dirección Regional de Pesquería es que la Capitanía de Puerto de Paita emita dos resoluciones contradictorias sobre el caso. Una primera con fecha 12 de marzo en la que se indica que el buque pesquero Lizi no contaba con permiso para navegar en aguas peruanas y no tenía a bordo un inspector de la Comisión Internacional del Atún Tropical (CIAT), lo cual fue verificado en su función de tripulación.

Asimismo, se establece lo manifestado por el capitán del barco, Marcelo Cuka, quien en su declaración indica la intención de sembrar radio boyas en aguas peruanas, lo cual es considerado actividad extractiva. Es por eso, que capitanía aplica multas a la embarcación extranjera que ascienden a 53 UIT (164.300 soles).

Sin embargo, en la segunda resolución y dando respuesta a un recurso de reconsideración presentado por Celestino Fiestas, propietario de la nave, se rectifica en varios puntos de la anterior resolución y anula la multa principal (40 UIT) referida a la ausencia de un observador del CIAT y a la intención de pesca en aguas nacionales.

Lo cierto es que en la manifestación que toma capitanía de Puerto de Paita a Marcelo Cuka, y a la cual El Comercio tuvo acceso, se observa claramente que el interrogado reconoce haber infringido las leyes peruanas. Incluso se establece que el cuaderno de bitácora (documento oficial de navegación) estaba actualizado hasta el día 1 de marzo (ellos fueron intervenidos el 12) y que el capitán señala el inconsistente argumento que la persona encargada estaba "muy ocupada" y por eso no lo había hecho.

Aquí en el cuaderno de bitácora de la nave se establece que hasta el 1 de marzo se habían capturado 500 toneladas de atún y barrilete en aguas internacionales, desconociéndose si las 200 fueron hechas también en esas aguas o en jurisdicción peruana.

"Está claro que la nave intervenida infringió nuestras leyes, es por eso que nosotros hemos apelado la medida cautelar y según tenemos entendido el caso debe resolverse en la Corte de Piura. Estamos convencidos de que el dictamen final será favorable al Ministerio de la Producción", señaló el director regional de Pesquería, Óscar del Valle Ayala.

La versión de la Capitanía de Paita

El capitán del puerto de Paita, Javier Aramayo, señaló que las dos resoluciones emitidas sobre el caso de la embarcación Lizi fueron realizadas bajo la supervisión, control y recomendación de la Autoridad Marítima Nacional y que toda la evaluación del caso se hizo tanto en Paita como en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

Argumentó que tanto en el caso de la presencia de un observador del Ciat, como en el de sembrado de radio boyas, los dueños de la embarcación presentaron documentación consistente, que refutaron lo señalado en la primera resolución.

"Es cierto que no existía un observador del Ciat a bordo, pero había un observador de pesca. Luego, un documento refrendado por Probe Ecuador (lo que es Imarpe en Perú) acredita a dicho observador, además de otro documento firmado por el director internacional del Ciat. Ante tales pruebas tenemos que retractarnos", señaló.

Dijo que en el caso de las radio-boyas se estableció una supuesta intención del capitán de la nave ecuatoriana, pero luego verificaron que el zarpe de la Lizi (emitido en el puerto de Manta, Ecuador) señala la misma cantidad de radio-boyas que tiene actualmente.

"Las autoridades de Pesquería han tenido más de diez días el producto en sus manos para descargarlo. En mi concepto, hubo una demora en los trámites y cuando recibimos documentos, no tuvimos otra alternativa que declarar fundado en parte el recurso", señaló.

El Comercio intentó dialogar con el juez especializado en lo civil de Paita, Alfredo Carrión Nole, quien se abstuvo de brindar declaraciones del caso.

JOHNNY OBREGÓN