Fuente: La Republica, Lima
Peru - Desaparicion de Enapu contraviene ley
Denuncia dirigente portuario Adolfo Granadino
viernes 12 de abril de 2002
La desaparición de la Empresa Nacional de Puertos es un paso fundamental
para la privatización de los puertos como unidades de negocio,
contraviniendo una disposición expresa de la ley 27396.
y la conversión de los terminales portuarios en unidades de negocio para su
privatización es la propuesta de Antonio Marinetto, consultor internacional
de la Comisión Multisectorial que elabora el anteproyecto de Ley para este
sector.
Así lo advirtió ayer Adolfo Granadino Farías, secretario general de la
Federación Nacional de Trabajadores de Enapu Perú (Fentenapu), quien indicó
que Marinetto, de nacionalidad española, presentó un proyecto alternativo a
los documentos de trabajo existentes para la elaboración del anteproyecto,
pero que tiene un corte privatista.
"Entre los integrantes de la comisión hay el temperamento de cerrar filas
para avalar el proyecto de Marinetto, pero ello no se enmarca dentro del
mandato de la iniciativa ciudadana convertida en Ley Nº 27396", señaló.
Indicó que habiendo sido los trabajadores los promotores de dicha iniciativa
ciudadana, amparada por 77,000 firmas de las 214,000 presentadas,
corresponde el fiel cumplimiento de la ley, la misma que manda la exclusión
de Enapu Perú del proceso privatizador.
Explicó que el proyecto del consultor español establece la presencia
subsidiaria del Estado en la actividad portuaria, lo que implica
directamente el retiro del Estado en la administración de los terminales
portuarios y la desaparición de Enapu.
Granadino afirmó categóricamente que tal propuesta no puede ser aceptada,
porque con ello se quiere convertir a los puertos en unidades de negocio
para su privatización.
El dirigente dijo que la participación del Estado en la actividad portuaria
debe continuar y con ello asegurar la regulación del mercado, la
implementación de un Plan Maestro de Desarrollo Portuario, y evitar el
"disparo" de las tarifas portuarias, como ocurrió en el privatizado puerto
de Matarani.
Todo lo anterior, sostuvo, debe ser posible a través de una Autoridad
Portuaria, en la que además del Estado participen los representantes de los
usuarios y los trabajadores.