Fuente: La Prensa, Ciudad de Panama
Panama - Panama Ports pide revisar su contrato
viernes 5 de abril de 2002
Wilfredo Jordán S.
Panama Ports Company, S.A., concesionaria de los puertos de Balboa y
Cristóbal, solicitó al Gobierno que se revise el contrato 306 firmado el 12
de diciembre de 1996 para que se "equiparen" con el resto de los puertos,
las tasas o impuestos que pagan anualmente.
El primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, confirmó que
Panamá Ports envió una solicitud al Gobierno para que se revise
específicamente el artículo que se refiere a la anualidad fija que paga al
Estado panameño. Esta anualidad es de 22.2 millones de dólares.
El Ministerio de Comercio e Industrias, que firmó el contrato en 1996,
analiza la propuesta para luego llevarla al Consejo de Gabinete y en esa
instancia tomar la decisión, dijo Vallarino.
Se trata de establecer el mismo sistema de cobro que se utiliza con los
puertos Evergreen-Colon Container Terminal (CCT ) y Manzanillo International
Terminal (MIT), ya que Panama Ports se siente "discriminada, en la medida en
que le cobran tasas más altas".
Según Vallarino, se estudia una modificación de las tasas aplicables que,
según la interpretación del contrato, se puede hacer sin la necesidad de que
pase por la Asamblea Legislativa.
"Un principio generalmente aceptado, en esta materia mercantil y
administrativa, es que exista en la libre contratación, igualdad de
condiciones", sostuvo Vallarino.
La empresa condiciona una inversión de más de 200 millones de dólares para
la expansión de Balboa, a los resultados de su petición.
El contrato entre el Estado y Panamá Ports incluye una cláusula de
modificación que establece: "queda entendido que durante la vigencia de este
contrato y su prórroga, pero no antes de transcurridos tres años contados a
partir de la fecha efectiva de este contrato, la empresa y el Estado podrán
iniciar renegociaciones de los términos de este contrato a fin de garantizar
la operación efectiva de los puertos".
El contrato fue firmado en diciembre de 1996 por el entonces ministro de
Comercio e Industrias, Raúl Arango Gasteazoro, en representación del Estado,
y Paul R. Rickmers, gerente general de Panama Ports Company, S.A. Fue luego
refrendado por el contralor Gustavo A. Pérez. La modificación debe pasar por
el Consejo Económico Nacional (CENA) y luego por el Consejo de Gabinete.