España - Varios armadores desviaron a sus capitanes multas por pesca ilegal

jueves 25 de julio de 2002

Las empresas ocultaron los documentos judiciales y los marineros conocieron su sanción diez años después

Una década sin saber nada de las consecuencias de sus irregularidades pesqueras y, diez años más tarde, reciben una sentencia judicial que les obliga a pagar sanciones de hasta 200.000 euros sin posibilidad alguna de apelar.
DATOS

Es el caso de seis capitanes de pesca de Marín, Cangas, Vigo y A Guarda, que ahora recorren despachos oficiales en busca de una condonación de la multa alegando indefensión e, incluso, posible negligencia por parte de la Administración.

Según denuncian, las empresas para las que trabajaban les ocultaron información sobre el proceso y los afectados se enteraron de las sanciones cuando ya había una sentencia firme del Tribunal Supremo y comenzara la vía ejecutiva. En el transcurso de ese período, las compañías en las que estaban empleados -Congeladores Cíes y Troulo, de Vigo; Adventure Land, de Marín, y Blue Tide Corporation, de Cangas- a efectos legales dejaron de existir gracias a un simple cambio de nombre y domicilio social -que no físico-. Eso fue suficiente para que los armadores pudiesen salir impunes. Además, la Administración marítima despachó en su día a los barcos infractores sin exigirle el depósito de fianza alguna.

Desprotección absoluta

El colectivo de titulados náutico-pesqueros asegura que desarrollan su trabajo en la más absoluta desprotección. Porque si es grave lo ocurrido a los seis capitanes gallegos, a fin de cuentas son casos que pueden solucionarse decretando la retroactividad de la modificación que en 1998 se hizo de la Ley de sanciones en materia pesquera del 92, que impuso la responsabilidad solidaria del armador, frente a la subsidiaria que hasta entonces imperaba.

El mayor problema surge cuando el barco es interceptado por un país con rígidas normas en materia pesquera, como pueden ser Francia y Australia, donde actualmente permanecen retenidos cuatro gallegos.

Las sanciones casi siempre conllevan una multa personal -al capitán del
barco- y la confiscación del buque que, según la ley, puede recuperarse con el depósito de una fianza. Aunque el nombre del armador suele ser un secreto a voces, éste puede eludir su castigo detrás de un complicado entramado empresarial que, por un puñado de millones, los gobiernos de paraísos fiscales con costa se avienen a enmarañar aún más.

De ahí a la ilegalidad hay sólo un paso. Fuentes de los armadores reconocen que es muy fácil hacerse con banderas de conveniencia en países menos escrupulosos que la UE: «Hay muchos registros de conveniencia para acoger a los buques». Son verdaderos paraísos fiscales que permiten un ahorro de costes, relajarse en el cumplimiento de las normas y no estar sujetos a cuotas.

Espe Abuín / L. C. Saavedra (a coruña / vigo)