España - Galicia impulsa un grupo de presión para evitar que Irlanda acose a su flota

miércoles 29 de enero de 2003

-Insta a Aznar a que recurra ante la Corte de Luxemburgo un reglamento hecho a la medida de irlandeses y británicos -Los armadores harán frente común con cántabros y vascos para impedir más discriminaciones

Casi 17 años después de integrarse en la UE, España es sólo un país adosado a la arquitectura pesquera comunitaria. Formar parte de la Europa Azul con pleno derecho es una aspiración del sector desde 1986, pero, situándose en el peor de los escenarios posibles, la plena integración puede retrasarse hasta el 1 de enero del 2005, debido a una argucia legal forzada por la presión política de Irlanda y de Gran Bretaña para que la flota española no acceda aún de forma igualitaria a su coto ( box ), donde proliferan especies de alto valor comercial.

Dado que caían las barreras para España, Dublín y Londres forzaron que se estableciese un nuevo reglamento -aún en fase inicial- de reparto del esfuerzo pesquero entre los Quince. Los armadores gallegos quieren atajar cuanto antes esa amenaza y han buscado apoyo entre sus homólogos vascos y cántabros para tumbar en los tribunales la norma que la Comisión se sacó de la manga justo cuando se negociaba en un mar políticamente revuelto la reforma de la política pesquera.

Los empresarios gallegos han tomado la avanzadilla y enviado cartas al presidente del Gobierno, al ministro y al conselleiro de Pesca con el fin de que se presente cuanto antes un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo para paralizar el trámite burocrático de ese reglamento de esfuerzo pesquero. Se amparan en que el Tratado dice claramente que el período transitorio para España acabó en el 2002 y, por tanto, no hay nada que regular ni discutir en ese punto. «Mientras que el Tratado es claro, el reglamento es oscuro, incierto y ambiguo», dice José Ramón Fuertes, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. «El recurso no alude sólo al acceso a las aguas, sino también a las especies pesqueras, ya que la transición de 17 años ha culminado para ellos y para nosotros», añadió.

Ambigüedad

La norma -que, paradójicamente, da la razón a España-, puede tardar en aplicarse dos años más a causa de la burocracia, pues tiene que ser supervisado por las comisiones oportunas, el Parlamento y el propio Consejo de Ministros. Esa situación ha provocado cierta inseguridad jurídica y empresarial a la flota gallega, que debería haber comenzado a faenar en el coto irlandés con normalidad. En muchos casos, no lo ha hecho plenamente por miedo a las represalias de los pescadores locales -que ya paralizaron puertos y carreteras en actos de protesta- y como consecuencia de la ambigüedad demostrada por Bruselas en este asunto. «No queremos generar más problemas, y hemos decidido tener paciencia para no enrarecer el ambiente», dijo Fuertes.

L. C. Saavedra (vigo)