España - El fiscal exige identificar a los responsables del hundimiento del Prestige

José H. Panvi

jueves 2 de enero de 2003

La investigación de la fiscalía sobre el caso Prestige no se limitará a buscar responsabilidades en el opaco grupo de empresas que tienen alguna relación con el petrolero accidentado. En las diligencias que reclama al Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, también se interesan por aclarar la cadena de decisiones gubernamentales que fundamentó la determinación de alejar el Prestige a más de 120 millas.

En su escrito, el fiscal exige la identificación de las personas que integraron el Centro de Coordinación de Operaciones (CECOP), el gabinete de crisis creado el 13 de noviembre una vez conocida la situación del buque frente a la Costa da Morte y que, según la declaración judicial del ex capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real, fue el órgano que, colegiadamente, tomó la decisión de llevar el petrolero a alta mar. El propio Ángel del Real y el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, formaban parte de esta comisión de urgencia.

Escritos e informes

La fiscalía demanda, además, que se remitan al juzgado «los acuerdos por escrito llevados a cabo a partir del 13 de noviembre» y que en teoría sustentaron o reflejaron esta decisión en principio colectiva. En este sentido, el juez instructor del caso ya ha emitido una providencia en la que reclama estos documentos al Gobierno, junto los hipotéticos informes técnicos que sustentaron la decisión de enviar el buque más allá de las 120 millas. Como se deduce de la declaración ante el juez de Ángel del Real, la solidificación del fuel a más de 3.000 metros de profundidad se manejó como una posibilidad factible en las deliberaciones sobre el alejamiento, pero hasta el momento no ha trascendido que exista un soporte documental de esta hipótesis científica. De hecho, todo indica que la mayor parte de los asesoramientos técnicos se efectuaron verbalmente.

Múltiples frentes

Los frentes judiciales abiertos por la acusación son múltiples y afectan a todo el entramado empresarial que subyace al barco y las relaciones contractuales que se establecieron durante el operativo de remolque. En concreto, se requiere a la empresa holandesa de salvamento Smit que aporte a la causa «la relación contractual que suscribieron con Universe Maritime o Mare Shipping», operadora y propietaria, respectivamente, del Prestige.

Como ya informó La Voz, la empresa holandesa pudo cambiar el rumbo noroeste hacia al sur atendiendo a sus intereses comerciales, una vez confirmado que las autoridades de Cabo Verde aceptaban acoger el barco y que, por tanto, existía una mínima posibilidad de recuperar la carga.

La persona de Smit que negoció el contrato con los propietarios del barco también tendrá que dar cuenta de los detalles de la negociación en una comparecencia ante el Juzgado de Instrucción de Corcubión.

Otro de los documentos que el Ministerio Fiscal desea incorporar a la causa es el contrato entre Fomento y Smit por el que la compañía holandesa se comprometía a situar el barco a 120 millas y que de alguna forma dejaba manos libres a la compañía de salvamento para escoger el rumbo que más beneficiara a sus intereses. También reclaman una copia del expediente administrativo abierto por las autoridades a raíz del accidente del barco.

Paralelamente, el fiscal también se interesa por los contratos que se firmaron entre Smit y la compañía española Tecnosub, que aportó los técnicos amarradores a la maniobra de remolque del Prestige.

Por José H. Panvi