Fuente: Fish Information Services, FIS

EE.UU. - Las leyes contra el bioterrorismo generan un debate en la feria de Boston

Nancy Griffin

viernes 15 de marzo de 2002

Preocupados por el hecho de que la nueva ronda de ataques terroristas contra
Estados Unidos pueda incluir agentes portadores de enfermedades introducidos
a la cadena alimentaria, políticos y congresistas están tomando medidas que
podrían traducirse en nuevas complicaciones para el sector de los productos
del mar. Para evitar la entrada de ántrax, botulismo, salmonela, E.coli,
cólera y otros patógenos en los productos del mar nacionales o de
importación y otros alimentos, el Congreso está trabajando en una
legislación que otorga nuevos poderes a la Food and Drug Administration, el
organismo federal responsable en alimentación y fármacos.

La FDA estará capacitada para confiscar y retener cualquier producto, además
de solicitar el acceso a los archivos de una empresa -incluso los de las
empresas suministradoras de cualquier ingrediente usado para añadir valor a
un producto-. Podría también limitar la entrada a puerto de bienes
importados y "registrar" las instalaciones nacionales y extranjeras que
manufacturan, transforman, envasan o conservan alimentos para el consumo
humano.

Nadie está convencido de que dichas medidas vayan a funcionar. "El
incremento de la autoridad de las agencias federales está bien intencionado,
pero una de las cosas que quisiéramos preguntar es: "¿Estos anteproyectos de
ley mejorarán la inocuidad alimentaria?", se preguntaba Robert Collette,
vicepresidente de Ciencia y Tecnología del Instituto Nacional de Pesca.
Collette fue uno de los tres ponentes de una conferencia sobre la
legislación propuesta para combatir el bioterrorismo que se celebró en la
vigésima edición de la Muestra Internacional de Productos del Mar de Boston
esta semana.

David Durkin, ponente y abogado especialista en temas legislativos, explicó
que los restaurantes están exentos de la disposición relativa al registro,
"porque tienen un enorme grupo de presión en Washington". Las piscifactorías
y los buques de pesca también lo están.

El Gobierno Federal puede acogerse al derecho de registro en cualquier
momento en que se produzca una infracción. Los alimentos vendidos por un
establecimiento no registrado podrían comportar que dichos alimentos se
clasificaran como "mal etiquetados" y, por lo tanto, ser incautados. Al
respecto, Durkin, director del bufete de abogados Olsson, Frank y Weeda PC
de Washington, comentaba: "El tema de los alimentos mal etiquetados podría
comportar cierta inestabilidad en el mercado. El registro se tiene que
retirar. Esto puede echar a gente del sector. Muchas de las cosas que el
Gobierno llama registro, en realidad, sólo son licencias".

Los ponentes manifestaron opiniones dividas con respecto al anteproyecto de
ley, pero ninguno apoyó las primeras versiones, un poco distintas, dadas por
el Parlamento y el Senado, indicando que muchas de las disposiciones estaban
más relacionadas con temas de inocuidad alimentaria normal que con temas
relativos al bioterrorismo. No obstante, Carolina Smith DeWaal, directora
del programa de inocuidad alimentaria del Centro para la Ciencia para el
Interés Público, tachó el anteproyecto de ley de "débil", argumentando que
"la FDA tiene graves deficiencias. Se tienen que realizar mejoras para
luchar contra el bioterrorismo; se necesitan más inspectores, inspecciones
de plantas de alimentos y una agencia de inocuidad alimentaria única".

"El bioterrrorismo y la inocuidad alimentaria son temas importante, pero la
mayoría de disposiciones de este anteproyecto de ley no protegen los
alimentos directamente", comentaba Durkin. "Además, la autoridad de registro
podría tener efectos nocivos a largo plazo."

El presupuesto original de la FDA para el año 2002 se elevaba a USD 6,8
millones. Después de los atentados del 11 de septiembre, se le concedieron
otros USD 151,1 millones para combatir las amenazas terroristas que puedan
introducirse a través de la cadena alimentaria.

"Creo que la Administración respondió muy bien", subiendo el presupuesto de
la FDA, indicaba Collette, pero añadió que el sector de los productos del
mar quisiera estar seguro de que los fondos se invierten donde hacen más
falta. "Queremos evitar tener una inspección detrás de otra que no tengan
sentido. Se tiene que enfocar bien para identificar los posibles riesgos
reales. La FDA tiene que asegurarse de que sus planes operativos se basan en
riesgos y son eficaces para conservar el tránsito de productos. Los
productos perecederos no se pueden conservar durante más de 20 ó 30 días".

Pese a las imperfecciones del anteproyecto de ley, "se aprobará", indicó
Durkin al público asistente. "Tendremos el registro, el acceso a los
archivos y la autoridad de desembarque. Es una nueva serie de problemas a
los que se van a tener que enfrentar. y ¡se creían que las normas de HACCP
eran divertidas!"

Por su parte, Jane Barnett, representando al organismo gubernamental
canadiense de Agricultura y Productos Agropecuarios, apuntó que EEUU debería
tener en cuenta la redacción de un memorando de entendimiento con su país
vecino norteño, que es su principal socio mercantil. DeWaal puntualizaba que
este documento no garantizaría la inocuidad alimentaria, añadiendo que
Canadá no podía garantizar que todas sus exportaciones a EEUU fuesen
seguras. "Estamos hablando de riesgos", concluyó Barnett. "Nadie puede
garantizar que no se ha producido una manipulación".

Por Nancy Griffin
FIS Norteamérica