Las lecciones que no se aprenden
Autor: Marcos Kisner
jueves 22 de junio de 2006
LAS LECCIONES QUE NO HEMOS APRENDIDO
La nueva administración de pesquería debe disponer de información importante para evaluar un nuevo modelo de gestión.
Sobre todo para cambiar el modelo de difusión de información al país. La población está desinformada o mal informada. La mayoría de la población, representada en los millones de electores que votaron por un cambio radical no reciben información adecuada para que pueden comprender y que los pueda educar e instruir sobre los manejos del país.
Parece que no hemos aprendido nada aun de lo que el país ha querido decir el día de las elecciones. Seguimos enviando mensajes macroeconómicos difusos e incomprensibles para la mayoría de la población. El caso del elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario.
El escenario completo es, agregar a las cifras exportadas, las cifras de los impuestos recaudados y el empleo de dichos fondos.
¿Que significa realmente para el país, para los pobladores de la costa, sierra y selva, en especial para los que votaron por un cambio radical, las cifras de ingresos provenientes de la pesca?
¿No seria mas correcto hablar de cuanto impuesto ha generado la actividad pesquera y como ha beneficiado a los pobladores costeros, especialmente, ya que son quienes generan la cifra?
Esta visión en cifras nos daría una idea de la verdadera posición de la pesquería peruana en su relación con el país, con los pobladores costeros, andinos y amazónicos que tienen el derecho de saber en que han sido beneficiados por el sector pesquero, como legítimos propietarios de los recursos naturales que constituyen las poblaciones de peces.
Porque si esos ingresos no se traducen en un bienestar que puedan percibir, palpar o por lo menos entender, no son parte de un sistema que quieran seguir manteniendo. Y no lo van a hacer.
Cuando los habitantes de la sierra, en especial del Sur, votan contra el sistema político, ¿Debemos acaso extrañarnos de eso?
¿Qué puede pensar el poblador marginado cuando mientras no tiene alimento para comer, escucha o lee que somos un gran país pesquero, que todo nuestro pescado lo exportamos bien sea como comida para otros animales o para que lo coman otras personas en otros países?
¿Qué puede pensar de las grandes cifras que dicen que la pesquería representa muchas divisas para el país, mientras el no tiene un pescado para comer ese día?
¿Qué le importan al poblador costero, andino, y amazónico las cifras de venta del sector pesquero si eso además de no representar un beneficio directo para el, tampoco representa alimento para sus familias?
¿Que le importa el crecimiento al pescador artesanal que ha perdido ante la industria harinera, no solamente territorio de pesca debido a la constante incursión de embarcaciones industriales en las 5 millas, la perforación de las mismas en el sur vía las ventanas de penetración, sino también porque las especies que antes capturaba han desaparecido porque la anchoveta, su principal alimento, ya no existe en cantidades suficientes para alimentarlo?
El poblador costero observa que esta pagando el crecimiento de las exportaciones pesqueras y del PBI con una calidad de vida injusta, impuesta por la contaminación de las principales bahías.
El sector crece en medio de aplausos mientras ese poblador costero cada vez obtiene menos peces de los que antes había, y por ende el poblador andino no recibe ofertas de pescado y está desnutrido.
Nos vemos obligados a importar pescado de Chile. El Perú, un país pesquero, importa pescado para comer mientras exporta harina de pescado y pescados para alimentación de otros países.
Los medios de comunicación, manteniendo un esquema informativo incomprensible para el poblador común y corriente, solo exponen tangencialmente la supuesta bonanza macroeconómica, y omiten el análisis.
El sector crece en medio de manejos políticos y componendas que amordazan a las voces que desde los organismos científicos y administrativos debieran decir la verdad sobre el estado del ecosistema marino peruano.
Esta información, que debe publicarse didáctica y transparentemente es la siguiente:
Valor FOB de todas las exportaciones pesqueras desde 1980 hasta el 2005.
Derechos de pesca recaudados en el mismo periodo
Impuesto a la renta recaudado en el mismo periodo
Volumen del canon pesquero del mismo periodo.
Inversiones efectuadas con cargo al canon pesquero.
Inversiones efectuadas en el sector pesquero con cargo al tesoro público.
Volúmenes de comercialización procedentes de la pesca artesanal y su contribución al Estado.
Si la información pudiese desglosarse diferenciando CHD y CHI seria más interesante.
El índice de aportación tributaria al Estado vía impuesto a la renta y derechos de pesca....es pobrísima e injusta casi hasta la inmoralidad. Este esquema no permite hablar de incentivos tributarios para ser aplicados a la industria de la harina de pescado.
Hablar de incentivos para el consumo humano directo en beneficio de la alimentación nacional es valido y necesario.
Pero hablar de incentivos para hacer más harina o para exportar mas en circunstancias que el país tiene un elevado índice de desnutrición es inmoral.
El nuevo gobierno no debe caer en el juego de seguir privilegiando un sector que esta poniendo en peligro las poblaciones de peces que dan alimento o debieran darlo a los sectores más pobres del país.
Los peruanos creemos que ser un gran productor de harina de pescado es maravilloso, que todo esta bien, y que además somos los mejores cocineros del mundo haciendo pescado y mariscos. Creemos que los millones de dólares de exportación son de beneficio para todos los peruanos.
Nada más alejado de la realidad.
Mientras no se rompa el esquema de seguir poniendo la conducción del sector en manos de los intereses del mismo sector con el objeto de mantener el status actual, es inútil hablar de futuro. La pesquería no tendría futuro.
Las presiones de algunos grupos económicos de poder han impulsado las decisiones políticas que han violado el espíritu de la ley, y son responsables de la crítica situación en la cual se encuentra no solo la pesquería de anchoveta, sino toda la pesquería y todo el ecosistema marino peruano. Hay responsabilidad también en el funcionario cómplice que dio cabida a violentar la ley, al otorgamiento de licencias dudosas y a la anarquía existente. Hay responsabilidad en el funcionario que sabiendo la verdad se calló por temor a perder su empleo, y hay responsabilidad en quien acepto decir y escribir lo contrario a lo que pensaba.
La contaminación ambiental no se detuvo, no se detiene, ni se hace limpieza de las bahías, porque representa un costo que los responsables de contaminar no quieren asumir. Y se maneja fácilmente esta omisión con la falta de voluntad política existente para imponer ley y orden.
Esta indiferencia de las autoridades y esta falta de voluntad han sido fatales para el sector.
Las decisiones políticas han privilegiado a la industria y a la vez esto ha pasado desapercibido. La minería, el gas y el petróleo recibieron siempre el calibre más grueso de la crítica, de la atención y del comentario, pero nunca la pesquería tuvo el mismo auditorio. Los medios dan mucha cobertura al tema de regalías en minería, mientras no dicen nada se su similar en pesquería que son los derechos de pesca.
Hoy el escenario en el cual se encuentra la pesquería peruana, es aquel al cual fue conducida por los responsables políticos de turno con la complicidad de funcionarios indiferentes y pusilánimes.
Mañana, es responsabilidad de la nueva administración corregir todo el daño que la política, los intereses de grupo y la mediocridad de algunas personas le han hecho a la Nación, poniendo a la pesquería peruana al borde del colapso.
Los derechos de pesca, en vez de aplicarlos sobre el armador que extrae el recurso, deben ser aplicados sobre el valor FOB de la TM exportada y aplicados al exportador o planta procesadora.
De esta manera se involucran todos los desembarques, incluidos los de la flota artesanal.
Y la tasa debiera estar, por ejemplo, en un 15% del valor FOB. O sea que sobre 1,400 dólares, los derechos debieran ser de 210 dólares por TM exportada. Si la cuota anual fuese de 4 millones de TM, que me parece la razonable, eso generaría 890 mil TM de harina. A esta nueva de tasa de derechos y al precio de 1,400, el Estado recaudaría 187 millones de dólares por derechos de pesca. Una cifra que jamás ha recaudado con un nivel de extracción adecuado.
Debe reestructurarse el canon y diseñar procedimientos de control por parte de la sociedad civil para verificar que ese dinero sea invertido en infraestructura, investigación, control de la pesca ilegal y programas de reconversión laboral.
¿Que no se podría mejorar en los desembarcaderos artesanales con ese dinero? ¿Cuanta capacitación se podría dar a los artesanales? Podría constituirse un fondo de financiamiento para mejoras tecnológicas, etc. Todo lo que podría hacerse y que hoy no se hace porque a la tasa actual, la extracción de 6 millones de TM de anchoveta, que parece ser la cifra para el 2006, producirán ingresos siempre bajos.
Aquí hay dinero para invertir en proyectos que generen empleo a través del consumo humano directo y del apoyo al pescador artesanal que es quien realmente provee de pescado para alimentación nacional.
Aquí hay dinero para contribuir a retirar de la actividad extractiva a la cantidad de pescadores y embarcaciones que fuese necesario para poner a la pesquería en niveles sostenibles.
El impuesto a la renta no es representativo porque hay maneras de reducir utilidades y por consecuencia tributar menos. Lo mas acertado, preciso y justo es gravar la extracción del recurso que esta perfectamente estimada, y controlada en el volumen exportado. Basta analizar las cifras de recaudación por impuesto a la renta de los último años para entender que algo extraño ocurre en el sector.
Las cosas son claras y hay suficiente argumento para que la nueva administración las considere.
El tema de limpieza de las bahías también debe normarse y exigirse que quien contamina limpia.
Es necesario romper esquemas. Tradicionalmente las decisiones políticas se han concentrado en funcionarios designados bajo sugerencia y/o presión de intereses económicos del sector.
El Consejo Directivo de Imarpe, quien proporciona el sustento técnico científico a las decisiones políticas, está conformado por funcionarios del Estado en su mayoría, lo que impide la presencia de voces disonantes que induzcan al equilibrio democrático.
Esto ha generado una direccionalidad de las decisiones políticas para favorecer a determinados sub sectores como el harinero.
Los resultados están a la vista: Nuestras zonas costeras cercanas a las plantas pesqueras son unas cloacas que obligan a las poblaciones costeras a vivir en condiciones deplorables.
La anchoveta a punto de colapsar.
Los recursos pesqueros cuya alimentación principal es la anchoveta prácticamente desaparecidos.
La pesca artesanal, casi al borde de la extinción.
Pero hay quienes dice que la anchoveta esta bien, que no tiene problemas. Y eso podría ser cierto si ese recurso sirviese únicamente para producir harina, pero cuando se sabe que no solo para eso sirve, sino que fundamentalmente es una especie forraje de la cual depende prácticamente todo el ecosistema, la perspectiva cambia.
Se ha jugado a la desinformación, se ha contado con la indiferencia de los medios, con la falta de conocimiento de la población, con la ignorancia de mucha gente, con la manipulación y con la falta de ética de muchos funcionarios, algunos de los cuales ya no ejercen en el sector publico, pero que han dejado memorables recuerdos.
El sistema de establecer una cuota anual de captura para la anchoveta es efectivamente un buen método para controlar poblaciones. El problema consiste en que no hay garantías de que la cifra sea correcta. 8 millones de TM de anchoveta es favorable al sector harinero, pero no hay una evaluación científica contrastada que realmente sustente esta cantidad desde un punto de vista eco sistémico.
Los efectos negativos sobre las especies predadoras de la anchoveta son visibles desde el momento en que el pescador artesanal cada vez tiene menos recursos que pescar.
La nueva administración deberá reestructurar el Imarpe, tal como lo menciona su plan de gobierno, y deberá hacer una auditoria científica para determinar la veracidad de la data que se ha manejado. La Universidad peruana y otros investigadores fuera del Imarpe tiene también informes que no dicen precisamente que la situación de la anchoveta es maravillosa y que todo esta bien.
Tiene que determinarse mediante información científica veraz y auditada si la pesquería de la anchoveta esta en peligro o no. Muchas voces de la comunidad científica peruana dicen que esta pesquería esta al borde del colapso. Lo mas grave es que su colapso arrastra a las demás especies que se alimentan en base a la anchoveta.
El reto de la nueva administración consiste realmente en plantear un nuevo modelo de gestión de nuestras pesquerías.
El sector requiere voluntad y decisión políticas para hacer lo que ya es impostergable hacer.
Nos enfrentamos al reto más difícil de nuestra historia republicana en cuanto a la pesquería se refiere: Revertir el daño que un grupo de irresponsables y ambiciosas personas le ha causado al medio ambiente marino, a las poblaciones de peces, y a la población nacional.
La historia juzgara a los responsables del estado en que nos encontramos, pero también juzgara a quienes a partir del 28 de Julio tendrán en sus manos la posibilidad de hacer lo correcto.
La historia no es muy lejos en el tiempo. Será en el 2011 donde se producirá el juicio de la historia. Y este juicio se hace vía elecciones. Ya no hay que esperar a que un historiador escriba y juzgue.
