LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD DE NUESTRA PESQUERIA
Autor: Marcos Kisner Bueno
miércoles 2 de marzo de 2005
La tendencia de la industria pesquera nacional, al igual que otras basadas en la extracción de materia prima, se guía por el dogma de máximo beneficio en el menor tiempo posible. Esto ha llevado a un diseño de capturas basado en técnicas más eficientes, y con mayor impacto negativo en el ecosistema.
En el actual modelo de gestión pesquera prevalecen en general, criterios económicos o políticos a la hora de tomar decisiones. Criterios no necesariamente sanos vistos desde el punto de vista del ecosistema. Todo extremo es malo. El punto medio que equilibre los aspectos económicos, políticos y de preservación del ecosistema, será siempre una opción más saludable. Los recursos ícticos constituyen una parte integrante del ecosistema en donde son interdependientes y experimentan intercambios continuos, ya sea entre ellos mismos, o con la materia inerte.
La actividad artesanal se enfrenta a la progresiva disminución de los recursos pesqueros, producto de la actividad industrial pesquera que compite por los mismos espacios y recursos, en una evidente desigualdad de condiciones.
En este contexto, la sustentabilidad en el mediano y largo plazo deberá contemplar necesariamente cuatro dimensiones básicas:
La ecológica: Que tenga en cuenta y respete los ciclos naturales, la productividad propia de los ecosistemas, la disponibilidad y finitud de los recursos naturales y la diversidad biológica. La distribución y la abundancia de los stocks de peces se supeditan en primer lugar a la dinámica del medio ambiente marino y, en concreto, a las condiciones atmosféricas y a la oceanografía física y química; y en segundo lugar, a las interacciones entre especies de depredadores y especies presa. En un contexto multiespecífico resulta casi imposible apartar de la explotación a un grupo específico de especies. Diversos factores medioambientales y oceanográficos hacen que los organismos marinos no se distribuyan de forma uniforme: la abundancia de los caladeros varía considerablemente según los lugares. Esta variación está directamente relacionada con la capacidad de carga del ecosistema. Un ecosistema más diverso implica una mayor estabilidad y un menor riesgo de colapso de los stocks. Lo que nos lleva a pensar en el diseño de una pesquería multipropósito que reemplace en el tiempo a las pesquerías monoespecíficas.
La social: que atienda a la justicia social (actual y con las generaciones futuras), y la distribución equitativa de los recursos. El beneficio social deberá ser la premisa básica. En tanto que es un recurso de la nación, la pesca debería beneficiar al máximo posible de ciudadanos, tanto desde el punto de vista alimentario, como de los beneficios económicos y empleos que genera esta actividad. Por lo anterior, el objetivo básico del ordenamiento, debería contemplar el máximo beneficio social como premisa básica, buscando mecanismos para que dichos beneficios se mantengan en el largo plazo. El ordenamiento pesquero debería equilibrar las tendencias e intereses contradictorios, mejorando las condiciones de trabajo del sector y haciendo que los beneficios de los sistemas de pesca masiva puedan beneficiar a un sector más amplio de la población.
La económica: que satisfaga adecuadamente con los recursos existentes, las necesidades humanas de diversas formas de acuerdo a la propia cultura. Considerar a los recursos ícticos no solo como generadores de divisas en el comercio internacional sino prioritariamente como una fuente de alimentación y bienestar humano, especial y prioritariamente para el consumo nacional; y no promover el destino de la producción pesquera para alimento de animales sino a la alimentación humana.
La política: supone formas de gestión participativas, incluyendo el control y el protagonismo real de las comunidades e instituciones en la gestión de los recursos, en la toma de decisiones y en la formulación de políticas. Es al gobierno al que le compete el proceso de gestión pesquera. Ésta incluye la fijación de ciertas políticas o lineamientos de base, la determinación de planes y programas, la expedición y vigilancia del cumplimiento de ciertas normas, el estudio o la investigación necesarios para sustentar las acciones, la determinación de las acciones prioritarias y su puesta en marcha, y el establecimiento de una capacidad de ejecución y administración.
El marco legal que regula la actividad pesquera nacional debe tener como objetivo establecer las reglas y condiciones generales bajo las cuales deben realizarse las actividades de la pesquería que tengan un impacto directo o indirecto en la sociedad.
En función de los objetivos de la ordenación o administración de la pesca, las regulaciones pesqueras (leyes, reglamentos y normas) necesitan establecer, con base en criterios de pesca responsable y uso de los recursos en el largo plazo, las condiciones de su aprovechamiento. Esto debe convertirse en un instrumento legal de largo plazo que proporcione seguridad y estabilidad jurídica a las inversiones. Lo que no lleva implícito la formulación de normas detallistas que asfixien los intentos de inversión y desarrollo. Se requieren políticas macro mas no disposiciones específicas que lejos de estimular el desarrollo del sector lo desalientan.
